Pasados 15 años, el sistema de seguridad pública y justicia continúa actuando sin paciencia, con profesionales sin capacitación adecuada para oír a las mujeres y sus experiencias de agresión, ni para entender qué situaciones  y procesos de separación, como el de Thalya, pueden poner a una mujer en situación de riesgo. La mujer necesita de una respuesta estatal rápida, protectora y con los Juzgados previstos en la Ley, analizando las cuestiones civiles y criminales, sin exigir a las mujeres la peregrinación por varios órganos o Tribunales de familia y Juzgados especiales criminales contando su historia una y otra vez, sometiéndose a sufrir nuevas violencias (institucionales) y encontrándose con decisiones conflictivas, incluso misóginas y con claro sesgo racista. 

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En el Congreso Nacional, la Ley se transformó en un objeto de capital político, habiendo sido modificada 11 veces, acumulando casi 300 proyectos de ley alterando su texto directa o indirectamente y lo peor, sin una propuesta capaz de atender al desafío de proteger la vida de las mujeres negras, indígenas, pobres y periféricas, así como de asistir y reparar a las mujeres sobrevivientes y a los huérfanos y huérfanas de los feminicidios. 

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Hasta el puesto de “tercera mejor ley del mundo” concedido por la ONU en 2010 acaba, pues cada año nosotras, las mujeres, somos menos oídas y la participación de la sociedad civil enfrenta numerosos obstáculos en el Congreso Nacional. Fue justamente a causa de la escucha de las mujeres víctimas de violencia y la participación de las organizaciones y movimientos feministas en el proceso de elaboración y aprobación de la Ley, que la ONU consideró determinante considerar la Ley Maria da Penha como una de las mejores y más completas leyes del mundo. Esto indica la urgencia que tenemos de volver a la campaña nacional que realizamos en 2008 – “No toquen la Ley Maria da Penha”. Ella necesita presupuesto y voluntad política para ser implementada de hecho. Si se toca la Ley Maria da Penha, se toca a todas las mujeres.

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Cada día nos conmueve comprobar con los datos ya mencionados, que la anulación de la Ley es, como la muerte de Thalya, una tragedia anunciada. Ni la fuerte convicción de Thalya para vivir una vida sin opresión masculina, ni las protestas de las feministas y sus organizaciones -que hicieron innumerables vigilias desde el final de la década de 1970 para denunciar esta violencia y conquistar una ley integral- han sido suficientes para frenar las garras del patriarcado racista elitista, el retorno del conservadurismo, las políticas familistas, los retrocesos en los derechos de las mujeres y la política armamentista emprendidos por el Gobierno Bolsonaro, y la saña punitivista y castigadora que la mayoría del parlamento toma como respuesta para este grave problema social. 

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Durante todo el proceso de construcción de la LMP, de la sanción del 07 de agosto de 2006 y aun años después, en 2012-2013, con a CPMI de la violencia contra las mujeres[4], que propuso la Ley del feminicidio aprobada en 2015, el movimiento feminista actuó fuertemente para que la Ley fuera implementada de hecho, incidiendo políticamente con presión directa sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y debatiendo, también, con la sociedad. 

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Estamos en 2021, la Ley cumple 15 años y aún es necesario que los movimientos feministas continúen luchando para que esta conquista sea efectiva, de hecho. Luchando para que las redes de servicios de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres y de acogida a estas mujeres víctimas, funcionen de hecho. El desmonte de estas políticas públicas ha agravado el aumento significativo de la violencia en contra de nosotras, mujeres, y en especial, los feminicidios.

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Diversas organizaciones y movimientos feministas y de mujeres del Brasil están organizadas en un levantamiento feminista contra el feminicidio, realizando diversas acciones de la Campaña Nacional contra los Feminicidios “Ni pienses en matarme, ni pienses en matarnos, quien mata a una mujer, mata a toda la humanidad”. 

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En esta campaña una de las prioridades es fortalecer la Ley Maria da Penha, pues estamos convencidas que si se implementa bien, evitaría que jóvenes como el verdugo de Thalya y hombres adultos, traten a las mujeres como posesión, usen los celos y su honor como justificación para el cercenamiento de la libertad y autonomía femenina, así como para dejarnos los ojos morados y marcas en el alma. Y, principalmente, prevendría los feminicidios de mujeres y niñas – las cuales tienen nombres, familias, hijos e hijas, amigas, amigos y sueños-. 

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Nuestra lucha es renovar las esperanzas para que estas prácticas machistas dejen de existir.  Tenemos esperanzas de que nuestros derechos como mujeres cis, trans, indígenas, negras, gitanas, rurales y con discapacidad estén presentes para toda la sociedad. Tenemos esperanzas de que la Ley Maria da Penha sea un día priorizada y debidamente implementada. ¡Tenemos esperanzas de que cualquier mujer tenga el derecho de decir No! De decidir, como la de Thalya, de dar un fin a una relación que no signifique su muerte, ¡y decimos sí al derecho de existir, de continuar vivas! ¡Pues quien mata a una mujer, mata a toda la humanidad!