Un hecho que llamó la atención de La Mesa fue que, pese a que violencia reproductiva en el marco del conflicto armado se ha cometido por parte de todos los actores, incluyendo agentes estatales e integrantes de los grupos paramilitares, y que también ha afectado de manera directa a mujeres de la población civil; la información disponible sobre estos actores es escasa. Por esta razón, la investigación se centró en los relatos de las mujeres excombatientes que vivieron violencia reproductiva al interior de grupos guerrilleros.

De los relatos analizados por La Mesa, se encontró que las mujeres excombatientes, en su mayoría eran menores de 18 años cuando ingresaron a las filas de los grupos armados no estatales. De las 32 mujeres acerca de las cuales se encontraron relatos, solo se pudo encontrar la edad de 21 de ellas; 12 eran menores de 15 años, 8 tenían entre 15 y 18 años, lo que significa que fueron reclutadas forzosa e ilícitamente. Es claro, según la legislación colombiana, que las menores de 14 años fueron víctimas de abuso sexual y las otras mujeres jóvenes eran vulnerables a las jerarquías y abuso de poder ejercido en su mayoría por hombres mayores que ellas y con rangos superiores.

Como lo verificó el informe de La Mesa, en el contexto de la guerra, “la anticoncepción y el aborto son consecuencias de una regla del conflicto armado: en la guerra no es posible tener hijos”. Es por ello que en los grupos armados ilegales las mujeres eran obligadas a usar métodos anticonceptivos que no siempre estaban acordes con sus necesidades y como se pudo analizar en el informe, las niñas, adolescentes y mujeres no tenían autonomía para decidir acerca de la anticoncepción:

Mujer reclutada por las FARC a los 13 años, sobreviviente de la Operación Berlín: “Éramos forzadas a planificar y el aborto también era algo que se tenía que hacer. Ellos tenían sus médicos y sus herramientas, pero era cruel y dejó a muchas niñas marcadas” (Fundación Pares, 2019).

“Yurani” fue reclutada por las FARC cuando tenía 15 años. “Desde que uno llega (…) lo va llamando la enfermera para que le meta la inyección a uno. (…) Claro yo llegué y al otro día de una vez me mandaron a una enfermera para que me metieran a planificación (…) allá le meten a uno la inyección cada mes, la de tres meses y pues ahorita están utilizando la ye, la pila esa que le meten ahí [señala su brazo]” (CNMH, 2017, p. 174).

El rol de las mujeres en los grupos armados no estatales es dicotómica, porque por un lado algunas mujeres pudieron alcanzar cargos de poder al interior de los grupos guerrilleros y la división de las labores cotidianas era relativamente equitativa en tareas de cocina, limpieza, vigilancia y aquellas relacionadas con el combate, lo cual representaba un cambio en comparación con sus contextos familiares; sin embargo, si ellas no querían usar un método anticonceptivo o querían continuar con el embarazo, quien decidía era alguien con jerarquía dentro del grupo quien generalmente era un hombre.

Si bien se entendía que en contexto de conflicto no se podían tener hijos/as por las condiciones mismas de la guerra, para los hombres había alternativas a las cuales las mujeres no tenían acceso. Algunas narran que los hombres podían tener parejas fuera del grupo armado y tener hijos/as, mientras que esta no era una opción para ellas. En consecuencia, en caso de un embarazo la única opción era abortar. Los abortos eran practicados con pastillas, infusiones de plantas o métodos quirúrgicos realizados por médicas/os o enfermeras/os; cuando se complicaban los procedimientos, las mujeres podían ser trasladadas a centros de salud de las poblaciones cercanas a los campamentos. En los relatos encontrados, se narran situaciones que evidencian la obligatoriedad de esta práctica, muchas veces contra la voluntad de la mujer, en ocasiones se recurría a tratos crueles e incluso a la repetición de abortos forzados:

Natalia, quien fue reclutada a los 15 años, ocupó el rol de miliciana en las FARC. Al quedar embarazada, fue obligada a abortar por el comandante que la reclutó, y que la sometió, durante su paso por el grupo, a cohabitación y esclavitud forzada. Quedó embarazada de esta relación y el guerrillero la obligó a abortar. (CNMH, 2017, p. 179- 180).

María Yarelis Palomeque Mosquera, alias “Leidy”, reclutada cuando era menor de 18 años, fue obligada a abortar en cuatro oportunidades. En noviembre de 2000 tenía 16 años y quedó embarazada de un miembro del grupo. Según el relato, “cuando tenía 3 meses de gestación, fue llevada a una casa ubicada en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda donde un médico, al parecer con un succionador, le practicó un aborto” (TSM, 2015, p. 1024).

El informe permite, por un lado, contribuir a la comprensión de los estereotipos de género contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y, por el otro, reflexionar sobre cómo los cuerpos y las vidas de las mujeres siguen siendo objeto de control que es ejercido por unas autoridades masculinas, independientemente de la pertenencia a determinado grupo armado. El escenario del conflicto armado no ha sido sino otro contexto donde se ha negado el derecho a decidir de todas las mujeres, las excombatientes y las pertenecientes a la población civil.