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Alejandra Veas
De denunciantes a denunciados
Caso Sodalicio:
Abusos de la Iglesia católica en Perú
Con un crucifijo y una biblia sobre el escritorio, el 8 de abril, la magistrada Judith Cueva condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida, por el delito de difamación agravada contra de arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, miembro de la organización Sodalicio Vida Cristiana. Salinas es autor, junto a su colega Paola Ugaz del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que denuncia a través de testimonios una serie de abusos sexuales, psicológicos y físicos en la organización sodálite. La contundencia de la investigación más importante de Perú sobre abusos de la Iglesia hizo que el Vaticano interviniera la organización.
El Sodalicio Vida Cristiana fue fundada en 1971, en Lima, por Luis Fernando Figari, hoy expulsado de la organización y confinado en Roma como consecuencia de esta investigación periodística. En 1997 el Papa Juan Pablo II dio a la organización religiosa carácter de “sociedad de derecho pontificio”, convirtiéndola así en una sociedad de vida apostólica compuesta por laicos y sacerdotes, perteneciente a la Iglesia Católica.
En 2000, el periodista José Enrique Escardó Steck hizo la primera denuncia contra la organización al relatar los abusos psicológicos y físicos que sufrió cuando era miembro. Dos años después, Pedro Salinas publicó su novela “Mateo Diez” que recrea desde la ficción la severa disciplina con la que eran adoctrinados los jóvenes integrantes de la organización. La historia, por supuesto, está basada en su propia vivencia en el Sodalicio.
No fueron pocas las denuncias que siguieron a estas primeras revelaciones. De hecho, en 2008 se tuvo que suspender el proceso de beatificación de German Doig –segundo en la organización, después de Figari, y fallecido en 2001– debido a las acusaciones de abuso sexual perpetrada contra adolescentes que integraban la organización.
En 2015, Salinas y Paola Ugaz publicaron “Mitad monjes, mitad soldados: todo lo que el Sodalicio no quiere que sepas”, una investigación con escalofriantes testimonios de abusos sexuales, físicos y psicológicos al interior de la organización. El trabajo periodístico señala que la estrategia del Sodalicio es reclutar a jóvenes menores de edad, de clase alta o media alta y ejercer sobre ellos una dependencia psicológica con el objetivo de torcer su voluntad. El libro trajo consigo un terremoto en la iglesia católica cuyas réplicas continúan en la actualidad.
A raíz de la publicación, el Sodalicio conformó una Comisión de Ética y en 2017 concluyó que Figari y otros siete miembros importantes de la organización eran responsables de abuso físico, psicológico y sexual contra al menos 36 integrantes, de los cuales 19 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.
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Un año antes, la fiscalía había abierto una investigación contra Figari y otros cuatro ex miembros del Sodalicio por secuestro agravado, asociación ilícita para delinquir y abuso sexual y psicológico. Figari se declara inocente de todas las imputaciones señalando solo que cometió “graves errores, fallas y ligerezas”. Frente a esta
reacción y con el propósito de salvar el nombre de la organización sodálite, el superior general, Alessandro Moroni, lo declaró “persona non grata” y reafirmó que él es “culpable de los abusos que se le imputan”.
Pese a las evidencias, la fiscalía archivó el caso en 2017. Argumentó que “las víctimas no se han acercado a la Fiscalía a confirmar haber sufrido violación sexual, secuestro y lesiones graves” y que los denunciantes “siguieron con sus vidas sin problema alguno, pues no tienen problemas psicológicos”. También indicó que los delitos, cometidos en su mayoría durante los años 90, habían prescrito.
Recién en 2018, tres años después de la publicación, el Papa Francisco ordenó la intervención del Sodalicio a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, encargada de supervisar organizaciones católicas de vida apostólica como el Sodalicio.
El poder económico
Las investigaciones periodísticas narran también el un gran poder económico que tiene el Sodalicio. En los casi 50 años de fundación, ha logrado acumular un patrimonio incalculable que incluye propiedades en Perú y el extranjero (de hecho, Figari vive en una propiedad sodálite en Roma), además de empresas
inmobiliarias, colegios y hasta cementerios. Es importante señalar que, gracias al Concordato entre el Estado peruano y el Vaticano, firmado durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), las actividades económicas de las organizaciones religiosas de la Iglesia Católica no están sujetas al pago de Impuesto a la Renta.
Un reportaje de la cadena Al Jazeera, llamado “The sodalitium scandal”, da cuenta de los negocios turbios de la Inmobiliaria Miraflores Perú S.A.C., empresa cuyo accionista principal es la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio en la región norteña de Piura. La investigación señala que la Inmobiliaria Miraflores, contrató a la banda criminal “Gran Cruz” para que expulse a un grupo personas que vivían en unos terrenos de la comunidad campesina de Castilla, en Piura. Estos terrenos, más adelante fueron adquiridos por la empresa para construir la urbanización Miraflores Country Club. Justamente, en Piura se encuentra el único arzobispo del Sodalicio, José Antonio Eguren, quien goza de gran poder político en la norteña ciudad.
La condena
Salinas fue querellado por Eguren en 2018 a raíz de una publicación realizada en el portal periodístico La Mula.pe. Allí lo aludía como el “Juan Barros peruano” (en referencia al obispo chileno acusado de ocultar los abusos sexuales del padre Juan Karadima), al señalar que el arzobispo “formó parte de la llamada generación fundacional del Sodalicio de Vida Cristiana” y por lo tanto conocía de los abusos cometidos en la congregación. El mismo año, también Ugaz, la coautora del libro del desató el escándalo, fue querellada por twittear que Eguren está acusado de
tráfico de tierras en Piura y de encubrir abusos sexuales y físicos en el Sodalicio, y por haber declarado sobre el caso de tráfico de tierras en el documental para Al-Jazeera.
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La condena en primera instancia de Salinas ha puesto sobre el tapete la fragilidad de los derechos de libertad de expresión y de prensa en democracias débiles como la peruana. Y por supuesto, la importancia del Estado laico. Las reacciones han sido impresionantes; no solo alzaron su voz de protesta los gremios y organizaciones de prensa, sino también defensores de la libertad y derechos humanos.
En un histórico comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Peruana y el arzobispado de Lima señalan su preocupación por la sentencia del Poder Judicial: “El mismo Santo Padre ha alabado y agradecido la labor de los periodistas que, mediante sus investigaciones, contribuyen a denunciar los abusos, a castigar a los victimarios y a asistir a las víctimas”. Más aún, el obispo de Caravelí, provincia de la región Arequipa, no solo respaldó el comunicado a través de las redes sociales, sino que fue más allá al señalar que “hay cinco abusadores y más de 50 víctimas del Sodalicio identificadas y parcialmente indemnizadas. Para mí es un misterio por qué Monseñor Eguren no sale de esta asociación podrida y por qué el Vaticano se demora tanto en disolverla”.
El escándalo desatado por la sentencia de Salinas, considerada un intento por silenciar a los periodistas y una “venganza” por las investigaciones, hizo que monseñor Eguren, el miércoles 24 de abril, desista de la querella interpuesta contra Salinas. “La sentencia anticipada, en la que se condena por difamación agravada al periodista, ha suscitado una serie de reacciones injustificadas, incluso al interior de la Iglesia que, considero, afectan un bien superior como es el de la unidad del Cuerpo Místico de Cristo”, señala el comunicado firmado por él. Al día siguiente, se informó que también desistió de la demanda contra Ugaz.
Tiempos de Inquisición
Conocida la sentencia, diversas organizaciones de derechos humanos y feministas organizaron la mesa redonda “Tiempo de inquisición, de denunciantes a denunciados”. Participaron Salinas y Ugaz, la periodista mexicana Patricia Mayorga, el padre Felipe Zegarra, Jorge Bracamonte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Pedro Zapata, ex policía y víctima del Sodalicio en la región de Piura. La reunión tuvo como objetivo conversar acerca de la organización sodálite y la lucha contra la impunidad desde el Vaticano.
Mayorga, quien había pasado por una experiencia de denuncia similar en México, calificó de “estrategia perversa” el hecho de denunciar a quienes visibilizan las voces de las víctimas y señaló que la judicialización es una estrategia que la Iglesia en América Latina ha adoptado frente a las denuncias periodísticas de abuso sexual. “Se ataca el derecho fundamental a la verdad de todos los ciudadanos. No solo los callan a ellos, callan a todos, principalmente a las víctimas”.
Zapata, por su parte, ha investigado los negocios del Sodalicio en Piura a raíz del asesinato de su hijo en un caso de tráfico de tierras relacionado a la Inmobiliaria Miraflores, perteneciente a la organización. En su intervención, denunció que miembros del Sodalicio quieren persuadirlo de firmar una “declaración” para que se retracte de su testimonio en el documental.
Bracamonte, quien acompañó a Salinas en la lectura de la sentencia, dijo que “los abusos sexuales y la violencia física que han sufrido las victimas del Sodalicio solo es una parte de esta forma violenta en la que vienen actuando estos grupos criminales, que destruyen las bases de la convivencia democrática y pacífica en el país”. En el mismo sentido opinó Ugaz: “el Sodalicio es un sistema que se enquistó en la sociedad peruana y tiene mucho poder económico. Las denuncias no son casos aislados”, alertó. Además, señaló que el Estado es el gran ausente, en la medida que el único pronunciamiento ha sido a través del Poder Judicial.
La intervención de Salinas, como la del padre Zegarra, estuvo centrada en las medidas tomadas desde el Vaticano sobre los casos de pederastia clerical en el mundo. Salinas llamó al Sodalicio “una santa mafia” y contó las trabas que puso la Iglesia Católica para combatir estos casos. El padre Zegarra argumentó que se han dado “algunos avances” con el Papa Francisco, pero fue enfático en señalar que “aún no es la primera prioridad de la iglesia”.
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Si bien las demandas contra los periodistas han sido desestimadas, empresas vinculadas al Sodalicio vienen ejerciendo presión contra los periodistas a través de cartas notariales, exigiendo rectificación de lo mencionado en las investigaciones. Los periodistas han respondido que ante esta ofensiva responderán con más y mejor periodismo.
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