Los argumentos más innovadores que planteamos ante la Corte Constitucional son: 

El uso del derecho penal viola el reconocimiento constitucional del aborto como un derecho fundamental. Como se mencionó anteriormente, ha habido una transformación en el discurso constitucional con respecto al aborto. Desde 2010, la Corte Constitucional ha reconocido y ratificado que el aborto bajo las tres excepciones se ha convertido en un derecho fundamental para las mujeres en Colombia. Al aportar investigaciones, datos, estadísticas y casos reales, mostramos que la ambigüedad jurídica del aborto como un derecho y como delito, crea un ambiente hostil para la plena aplicación de las normas constitucionales que protegen el derecho fundamental al aborto[10]. También hicimos hincapié en que si el Estado respeta, protege y cumple este derecho en lugar de criminalizarlo, se reducirá el estigma frente al aborto y las barreras para acceder a los servicios médicos de aborto. Esto conduce al argumento de la criminalización parcial como la barrera estructural que impide o previene el pleno disfrute del derecho fundamental al aborto.

El uso del derecho penal para regular el aborto viola el principio de igualdad y no discriminación. Cada una de las reivindicaciones constitucionales aplica un enfoque basado en la igualdad. En primer lugar, demostramos que la gran mayoría de las mujeres que se enfrentan a obstáculos en el acceso a la atención del aborto son las más vulnerables: mujeres de zonas rurales, mujeres jóvenes, migrantes, mujeres de escasos recursos económicos[11]. Y en segundo lugar, que el delito de aborto se ha aplicado de manera desproporcionada y discriminatoria contra las mujeres más vulnerables. Los datos de la Fiscalía General de Colombia revelan que: 

• El 97% de las mujeres investigadas por delitos de aborto viven en zonas rurales; casi el 20% eran estudiantes universitarias; el 13% eran estudiantes de secundaria y el 2,7% se dedicaban al trabajo sexual. 

• El 30% de las mujeres investigadas por delitos de aborto fueron víctimas de delitos como violencia doméstica, violencia sexual o lesiones personales. 

• En menos del 4% del total de casos iniciados desde 2006, hay suficiente información sobre las razones que justificaron el aborto. Esto indica que la mayoría de los casos penales son iniciados sin considerar si el caso podría haber sido enmarcado bajo una de las causales despenalizadas. 

La amenaza de sanciones penales para los proveedores de atención médica viola el derecho constitucional a elegir una profesión u oficio y la libertad de ejercer un trabajo. Introdujimos el punto de vista de un actor nuevo: los proveedores de atención médica que deciden proporcionar atención del aborto. Bajo la regulación actual, el delito de aborto también se aplica a la persona que proporciona el servicio médico de aborto aparte de las tres excepciones. En esta línea, argumentamos que si bien los proveedores de atención médica son los llamados por el Estado para proporcionar abortos bajo las tres excepciones, también pueden enfrentar cargos criminales si no interpretan "correctamente" las normas sobre el aborto. Demostramos que, de hecho, ha habido casos de profesionales de la salud que enfrentan una responsabilidad penal[12]. En segundo lugar, también trajimos investigaciones recientes que muestran que hay médicos en Colombia que se niegan a proporcionar atención al aborto, no porque sean objetores de conciencia, sino por el miedo a enfrentar una denuncia y una eventual investigación penal[13]. También hablamos de cómo los proveedores de atención del aborto suelen ser estigmatizados, enfrentan marginación y sobrecarga de trabajo. En este sentido, argumentamos que con la penalización parcial, el Estado está amenazando e incumpliendo la obligación de proporcionar las condiciones idóneas para trabajar libremente de aquellos profesionales de la medicina que deciden proporcionar servicios médicos sobre aborto.

Estos y otros argumentos fueron construidos con mucho cuidado y tienen la solidez suficiente para demostrar a la Corte que el debate real sobre el aborto ha cambiado y que este tema merece otra revisión constitucional. Después de casi 15 años de implementación del marco constitucional actual, tenemos fuertes razones para decir que el aborto no debe ser una cuestión de derecho penal, sino una cuestión de políticas de salud o políticas públicas. En conclusión, nuestra demanda fue admitida por la Corte Constitucional en septiembre del año 2020, lo que significa que la Corte consideró que hay una posible controversia constitucional que merece ser discutida.