El derecho de las ecuatorianas a una vida libre de violencias y la igualdad de género se encuentran
consagrados en la Constitución de 2008 y –de manera operativa– en la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Loipevcm) de 2018. Se trata de una ley de segunda
generación, que explicita los tipos y ámbitos de violencia, así como las obligaciones que las diferentes
instituciones del Estado, centrales y locales. Prevé la prevención, la atención y la reparación para las
víctimas a través de políticas públicas que conformarán sistemas especializados y juntas de protección de
derechos.

Las feministas libramos largas batallas desde hace más de cuatro décadas para avanzar en la legislación,
en políticas públicas y en una institucionalidad adecuada. En esta materia, el balance, a 25 años de
Beijing, es que en la etapa del correísmo perdimos de manera irreparable los avances logrados en los 90
ya que se eliminaron los consejos de igualdad como órganos rectores de la política pública (en el caso del
Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, estuvo anclado a la Presidencia de la República).

Hace cinco años, exactamente el 24 de noviembre de 2014, comenzamos el proceso de formulación
participativa de la Loipevcm con la presentación del Informe Sombra de las organizaciones de la Coalición
Nacional de Mujeres del Ecuador al Comité CEDAW. Durante la campaña de promoción de la ley que
lideró la Coalición, el presidente Lenín Moreno, al igual que varios legisladores, se comprometió a
promulgarla e implementarla. La creación en 2018 de la secretaría técnica Misión Mujer incluyó tres
compromisos presidenciales: la implementación de la ley, la Política Nacional de Prevención del
Embarazo en Niñas y Adolescente, y la Política para el Empoderamiento Económico de las Mujeres.

Paralelamente, en la transición institucional desde Ministerio de Justicia hacia la Secretaría de Derechos
Humanos, se creó la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas,
Niños y Adolescentes, ente rector de la ley.

Es conocido que la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
enfrentan patrones culturales que naturalizan las desigualdades, discriminaciones y violencias contra las
mujeres y niñas. También que éstos se reproducen cotidianamente en la familia, la sociedad y el Estado.
Pero es importante señalar que la promoción de estos modelos cuenta con actores políticos, económicos
y religiosos que ostentan cargos decisores en los más altos niveles del gobierno y llevan a cabo una
estrategia de combate a los cambios generados y al tiempo accionan contra los derechos de las mujeres
y la igualdad de género en general.

La decisión de la Asamblea Nacional del 16 de setiembre de no introducir el #AbortoPorViolación en el
Código Orgánico Integral Penal (COIP) mantiene una norma discriminatoria contra las mujeres que
continúa limitando el derecho a decidir sobre sus cuerpos e impone la maternidad y múltiples violencias.
El veto presidencial del 18 de octubre siguió el mismo camino y trasladó la decisión a la Corte
Constitucional, cuya resolución del 26 de noviembre no aborda los temas de fondo y recuerda la admisión
de trámite de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 150 del COIP, planteada por las
organizaciones de mujeres.