top of page
Ana Cristina González Vélez
¿Y su papá, que opina?
La lucha por el aborto en
El Salvador
Algo importante esta pasando en El Salvador. La última semana de julio la pasé en la capital de ese país centroamericano y durante ese tiempo intercambié con periodistas, grupos de mujeres, empresarias, profesionales de la salud, agremiaciones médicas, feministas, especialistas en el tema de aborto y público en general. Fue una inmersión en distintas expresiones sociales en torno a un tema sobre el que este país ha guardado una férrea prohibición desde 1998: el aborto.
Del paisaje verde y el calor, de las pupusas y el añil, del modo pausado y servicial de su gente, o del golpe de calor y la luz destellante de este país tropical también me gustaría también hablar, pero la realidad que enfrentan las mujeres es mucho más dura y menos poética. ¿Pero qué fue lo que tanto me conmovió o impresionó? Mi respuesta se basa en investigaciones previas, pero también en todos esos relatos escuchados.
La penalización del aborto en El Salvador quedó establecida como “delito relativo a la vida del ser humano en formación” y es aplicable a todas las mujeres que con o sin consentimiento se realicen un aborto o permitan que otra persona lo haga por ellas. La pena de prisión puede ir de dos a ocho años. Se considera agravante si el aborto es realizado por médicos, farmacéuticos o auxiliares de estos, para quienes también se estipula una pena de prisión, en este caso de seis a doce años, más la inhabilitación del ejercicio de la profesión o actividad por el mismo período. Se trata de asustar y disuadir.
Como ha ocurrido en otros países, el debate que condujo a esta regresión –pues hasta 1998 el aborto estaba permitido en casos de riesgo de vida de la mujer, cuando el embarazo era resultado de una violación o cuando se había detectado una malformación fetal–, se basó en argumentos que ponderaron la protección de la vida del feto sobre la vida de las mujeres. Y también fue resultado del lobby de la iglesia católica y sus pactos omnipresentes en distintos espacios de poder del Estado. Además de esta prohibición, la Constitución salvadoreña reconoce como persona a “todo ser humano desde el instante de la concepción”, lo cual implica, tácitamente, reconocerle derechos al feto, como si fuese una persona más.
Prácticas sistemáticas
El Salvador es uno de los países de América Latina donde la persecución a las mujeres que abortan es más severa, incluso ha señalado a quienes han sufrido abortos espontáneos. Manuela, de 33 años, fue acusada de haberse practicado un aborto por los propios médicos que la atendían por una complicación severa después de una “pérdida”. Fue sentenciada por la Justicia a 30 años de prisión, pero murió un año después de ser encarcelada a raíz de un linfoma.
Como Manuela, muchas otras mujeres que han tenido “pérdidas” o u otras complicaciones durante el embarazo también han sido denunciadas por las propias instituciones de salud –que hacen uso de un protocolo de atención e investigación de aborto–, aunque no se les haya comprobado un aborto provocado. En otras palabras: acudieron buscando atención médica y solo encontraron maltrato y abandono. El grupo de mujeres salvadoreñas Las 17 y más son el más claro ejemplo de cómo se ha expandido esta práctica: “Mujeres que sufrieron una emergencia obstétrica y pasaron del hospital a la cárcel. Si no hay justicia para las mujeres en El Salvador la buscaremos a nivel internacional”, dice en su sitio web. A muchas de ellas se les violó la presunción de inocencia y fueron maltratadas hasta por los abogados que les fueron asignados de oficio para defenderlas.
De acuerdo con uno de los expertos penalistas de El Salvador, el abogado Oswaldo Feusier, las mujeres de ese país viven en peores condiciones que bajo las normas del Código Penal de comienzos del siglo XX, cuando se les permitía abortar para proteger su vida y en caso de violación. Tanto es así, que algunos congresistas del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena) han propuesto que se vote otra ley que aumente la pena a 40 años de cárcel para las mujeres que se practiquen abortos. ¿Tenemos razón o no las feministas, cuando afirmamos que la extrema derecha religiosa, la que no admite interpretaciones ni matices, la que no respeta la conciencia ni la dignidad de las mujeres, quiere devolvernos a la Edad Media y el oscurantismo?
La historia de Manuela, la de Las 17 y la de muchas más son historias de mujeres inocentes, a las que nunca se les probó el aborto y, sin embargo, terminaron acusadas por el profesional de la salud que las denuncio ante la Justicia por “creer” que abortaron. Se trata de mujeres que, por alguna situación relacionada a sus funciones reproductivas, terminan siendo esposadas a la cama de un hospital público –nunca privados– y de luego son llevadas a prisión. Así es que la pena recae siempre sobre ciertos grupos de mujeres: las más pobres, las menos educadas, las que reciben menor atención del sistema de salud. Ellas son las únicas que terminan en la cárcel.
​
Que la vida esté protegida constitucionalmente desde la concepción con el fin de impedir cualquier forma de aborto legal, lo único que hace es ponerle la soga al cuello a las salvadoreñas que viven en condiciones sociales y económicas de mayor desventaja. Sin la posibilidad de recibir educación sexual integral –porque a esta se oponen la ultraderecha y la iglesia católica–; sin acceso a métodos anticonceptivos modernos, y sin derecho al aborto en ninguna circunstancia, el suicidio se ha convertido en una de las causas de muerte materna de las adolescentes y jóvenes en El Salvador. Según la Organización Panamericana de la Salud, el suicidio como causa de muerte materna en adolescentes entre los 15 y 19 años pasó de 14 por ciento en 2006 a 50 por ciento en 2013. Más aún, como dicen informes recientes, son historias de las que se habla poco. Historias de mujeres en su “mayoría pobres, todas ellas embarazadas en contextos donde las opciones
cada vez fueron reduciéndose, en entornos de expresiones múltiples de violencia, a veces con maternidades forzadas o impuestas como resultado de abusos sexuales y de un sistema que se muestra inflexible y tal vez indolente ante circunstancias que viven las mujeres”. (¿Sin Opciones?, Muertes Maternas por Suicidio UNFPA, 2019).
Y si eso no fuera suficiente para visualizar el abandono del Estado a su obligación de proteger los derechos humanos de la mitad de la población, agreguemos una perla más de la crueldad: los médicos “defensores de la vida, respetuosos de la constitución” dejan a las mujeres con embarazos ectópicos –una urgencia médica por definición– esperando en sus camillas hasta que se detenga “el latido del corazón del embrión”.
La batalla política
​
Sin embargo, no todo está perdido. En los últimos cinco años, cada vez más sectores de la sociedad, en todos los estratos, de todos los partidos, y en todos los ámbitos de la vida social, vienen rompiendo el cerco y el silencio. Se han presentado proyectos de ley para despenalizar el aborto en cuatro causales y uno de ellos estuvo a punto de ser aprobado. Los foros cada vez convocan más público –a una de las conferencias a la que asistí con expertos locales llegaron casi trescientas personas–, el debate viene ganando espacio en la prensa, y las compuertas para desplazar la mirada totalitaria y retrógrada impuestas por el conservadurismo religioso y político parecen abrirse de a poco.
Una nueva generación, montada sobre los años del esfuerzo casi invisible de un movimiento feminista que nunca guardó silencio ni cesó en su intento de cambiar el sinsentido, viene dando pasos seguros para conquistar las cabezas y los corazones de la sociedad salvadoreña, en desmedro de quienes llamándose a sí mismos “defensores de la vida” lograron imponer miedo, sujeción y muerte. Señores convencidos de que los pactos entre varones sostendrían eternamente al patriarcado. Señores que menosprecian a las mujeres que rechazan el destino de la maternidad y a las que ejercen su autonomía, esos patriarcas capaces de preguntarle a una joven que lucha para defender los cambios “¿Y su papá que opina?”, ya tienen quien les conteste.
bottom of page