¿Cuál es el alcance del concepto empoderamiento económico? A continuación, se reproduce el texto introductorio del artículo especial producido por la Articulación Feminista Marcosur hacia la XIV Conferencia sobre la Mujer de CEPAL, realizada en Santiago de Chile en enero pasado. El informe completo puede descargarse aquí y fue elaborado por el equipo de ISOQuito, integrado por Mariana Fernández, Fernando Filgueira y Natalia Genta.

 

En los últimos 25 años, las mujeres de la región han obtenido un acceso sin precedentes a recursos y autonomía económica (CEPAL, 2015, ONUMujeres, 2017). Los cinco aceleradores fundamentales del empoderamiento económico de las mujeres se asemejan a los observados en los países de la OCDE entre los años 60s y 90s: el aumento de la economía de servicios, la disminución de la fecundidad y la postergación de la maternidad, el aumento de los niveles educativos y los cambios importantes en los patrones familiares y de conyugalidad. Todas estas tendencias que contribuyen y/o acompañan a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pueden ser consideradas también una expresión del empoderamiento económico de las mujeres.

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Conceptualmente, el empoderamiento de las mujeres implica al menos tres dinámicas y objetivos que erosionan los regímenes de género tradicionales basados en el modelo de proveedor tradicional y mujer ama de casa: i) el reconocimiento del valor del trabajo no remunerado, ii) la generación de las mismas oportunidades para varones y mujeres en el ingreso, empleo y remuneración del mercado laboral, y iii) la redistribución de la carga de cuidados y de trabajo no remunerado entre ambos sexos. Tal objetivo se puede lograr mediante una disminución de la carga de trabajo no remunerado de la mujer, siendo este sustituido parcialmente por servicios desde el Estado o el mercado o mediante una redistribución del trabajo no remunerado entre varones y mujeres al interior del hogar.

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El empoderamiento de las mujeres plantea cinco desafíos para la política pública: la expansión de la cobertura y calidad de servicios/prestaciones de cuidados a niños/as y a personas dependientes (que requieren apoyo para las necesidades de la vida cotidiana), leyes de no discriminación en el mercado laboral, políticas activas en el mercado laboral que favorezcan a las mujeres, y políticas que permitan articular el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado. Se pueden plantear dos desafíos adicionales en este sentido. Las políticas públicas deben favorecer la capacidad de las mujeres de decidir sus opciones reproductivas, ya que ello constituye una decisión vital y económica clave que afectará sus chances de incorporación o permanencia en el mercado laboral.

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En segundo lugar, las políticas y marcos regulatorios del Estado deben promover un adecuado reconocimiento del valor del trabajo no remunerado durante las uniones conyugales y en la eventualidad de su disolución.

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En los últimos años, si bien se han incrementado las tasas de actividad femeninas y se han favorecido las políticas públicas que promueven el empoderamiento económico, dos hechos plantean serias dudas sobre cuánto progreso adicional se puede esperar. Por un lado, la incorporación de las mujeres al mercado laboral se ha enlentecido marcadamente en los últimos años en América Latina (CEPAL, 2014; Marchionni y Gasparini, 2015). Por otro lado, tanto la participación laboral como el acceso de las mujeres a algún tipo de autonomía económica permanece altamente estratificado según nivel socioeconómico (CEPAL, 2009, ONU Mujeres, 2018). En línea con lo último, la división sexual del trabajo tradicional en el hogar se transforma de manera desigual en distintas mujeres de ingresos, bajos, medios y altos (Ullman, Maldonado y Rico, 2015). Por lo tanto, se puede decir que en América Latina la revolución silenciosa de las mujeres se encuentra truncada y además altamente segmentada (ONUMujeres, 2018).