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Entrevista con la socióloga Carmen Echauri

Paraguay busca “des normalizar” la violencia política hacia las mujeres

Por Fa Rodríguez

En Paraguay, se debate una ley que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer por razones de género y este proyecto es acompañado por el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD). Más allá de sus diversas identidades político-partidarias, las mujeres de Paraguay tienen un largo trabajo de articulación que actualmente se mantiene en el GIPD, con retrocesos y avances, pero en constante lucha para avanzar hacia un ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en el país. Entrevistada para BRAVAS, Carmen Echauri,* socióloga con especialización en derechos humanos, ahonda en el proyecto de Ley y la participación política de las mujeres en Paraguay. 

- ¿En qué consiste el Proyecto de Ley de Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género? 

 

- Se trata de una propuesta legislativa dirigida a regular la incidencia de la violencia contra las mujeres por razones de género en el ámbito de la política. Con ello se busca avanzar en las garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, particularmente el derecho a gobernar, consagrados en la Constitución Nacional de Paraguay 1992, así como en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, pero no realizados plenamente en la práctica. La violencia de género, en todas sus formas, es en general una de las bases de la desigualdad de género, y en particular [causa/genera] desigualdad en el ámbito de la política. La violencia de género es una expresión de relaciones de poder asimétricas; es en este marco de relaciones en el que se manifiesta la violencia de género en la política y es donde actúa como uno de los obstáculos para la competencia electoral y la participación política igualitaria entre mujeres y hombres. 

 

- ¿Resolvería la violencia hacia las mujeres políticas?

 

- Debemos entender que una ley “sola no basta” para transformar las prácticas y creencias discriminatorias hacia las mujeres en la sociedad, pero es una herramienta necesaria con la que puede gestarse un cambio, a través de políticas públicas para la prevención la violencia, la sanción de hechos de violencia y erradicación de la violencia de género como “condición normal” de la participación y el ejercicio del derecho de las mujeres a ser electas. 

- ¿En qué instancia está el Proyecto de Ley actualmente?

 

- El proyecto de ley se encuentra en este momento en tratamiento por la Cámara de Senadores; en la primera sesión del pleno el proyecto fue aprobado en general, pasando posteriormente a las comisiones revisoras para su estudio en particular y modificaciones correspondientes. El 12 de agosto pasado, una versión del proyecto consensuada por las cuatro comisiones revisoras fue puesta en la agenda de sesiones del Senado, pero debido a la falta de quórum, el tratamiento quedó pospuesto para una próxima sesión a ser definida. Luego deberá pasar a la Cámara de Diputados y posteriormente al Poder Ejecutivo. 

 

- ¿Por qué es importante esta ley en un país como Paraguay? Si pudiera enumerar cinco razones, ¿cuáles serían? 

 

- En primer lugar, esta ley significará un paso adelante en el progreso de los derechos políticos de las mujeres, aportará a la materialización del mandato constitucional de igualdad del hombre y la mujer establecido en el artículo 48. Si el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres se da en un marco de restricciones, coacción y amenazas, directas o sutiles, basadas en prejuicios y prácticas de subordinación, entonces el juego político es desigual en desmedro de las mujeres. Por lo tanto, esta ley es necesaria para corregir las desigualdades estructurales que afectan la igualdad de condiciones que deben regir la participación y la competencia en la política democrática.

 

La razón 2 es que, al reconocer la violencia política de género como una forma de discriminación y de trato diferente y excluyente, como define la CEDAW, esta ley puede contribuir a des normalizar la violencia de género, vista como natural, como parte del juego político o como el costo que tiene para las mujeres entrar a la arena política. 

 

La razón 3: la ley es necesaria para fortalecer la autonomía y la libertad de las mujeres para participar y tomar decisiones que afectan sus vidas en condiciones de libertad. La violencia de género es un elemento que afecta la autonomía y la libertad de las mujeres. Esta puede expresarse de muy diversas maneras, como restringir la libertad de palabra y desacreditar la voz pública de las mujeres, lo que podemos ver frecuentemente en los debates políticos en forma de acción u omisión; puede limitar su desplazamiento físico, afectar su integridad psicológica, física y sexual, menoscabar su imagen pública y su legitimidad como ciudadanas. Esta ley es necesaria para el cambio de estas prácticas.  

 

La razón 4: La ley es necesaria para contribuir con el aumento de la representación política de las mujeres y su participación en las diferentes esferas de la vida política. Las mujeres son la mitad de la ciudadanía y, si bien los derechos políticos están formalmente consagrados, en la práctica la dinámica patriarcal de la política todavía las excluye de los espacios donde se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.

 

La razón 5:  Esta ley puede contribuir a democratizar la cultura política, fortalecer la legitimidad de la ciudadanía política de las mujeres y su participación efectiva en la vida pública y en las decisiones políticas.  Por una parte, si los objetivos de esta ley son limitar la incidencia de la violencia política debido a género, mediante políticas públicas de prevención, reducir la impunidad de los hechos de violencia política hacia las mujeres, limitar su impacto como disuasivo de la participación de las mujeres en la arena política, podemos avizorar un proceso de cambio democratizador que beneficiará a toda la sociedad. Este sería un impacto de esta ley: crear condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, que más allá de la igualdad formal, facilite la creación de condiciones para que la igualdad [sea] de derecho y como de hecho. 

- ¿Cuáles son los desafíos para las mujeres en la política en Paraguay?

 

- En primer lugar, la transformación del conjunto de creencias culturales machistas y estereotipos discriminatorios que establecen jerarquías sobre las diferencias de género entre mujeres y hombres. Son factores estructurales, no coyunturales: reglas y normas escritas y no escritas que organizan cómo nos relacionamos en la sociedad, en lo público y lo privado. La violencia basada en las diferencias de género es otro factor de desigualdad entre mujeres y hombres. En la participación y la disputa por el poder político, las mujeres todavía desafían los estereotipos de rol que definen el ámbito privado como su lugar de responsabilidad principal y actuación propia. Todos ellos actúan como factores que limitan la participación de las mujeres en la política. Esta es la base cultural que debemos transformar y democratizar. 

 

Otro elemento es el acceso de más mujeres a los espacios de decisión partidarios donde se toman decisiones sobre la vida de las agrupaciones políticas, entre ellos la designación de candidatas en las listas electorales, en lugares elegibles. 

 

El financiamiento político es otro elemento clave, principalmente para la participación electoral de las mujeres. El dinero es fundamental para el desarrollo de campañas y de la actividad política en general. Las mujeres tienen menos acceso a recursos y menos apoyo partidario para el financiamiento de sus campañas, por lo que el financiamiento se suma y potencia con los demás factores mencionados.

 

- ¿Qué dicen los números a grandes rasgos sobre la participación política de las mujeres?

 

- El congreso actual tiene una representación de 16,7% de mujeres (16% en el Senado; y 15% en la Cámara de Diputados), muy por debajo del promedio regional (31%) y mundial (25%), de acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

Actualmente los gobiernos locales cuentan con 10,4% de mujeres intendentas y 20,9% de concejalas municipales. Para las Elecciones Municipales de octubre 2021, los datos disponibles de la Justicia Electoral nos indican que el nivel de candidaturas de mujeres se mantiene bajo, especialmente el de las intendencias con 12,6% de candidatas, y 31,5% de candidatas para las concejalías municipales. 

Los números nos muestran que en 32 años de democracia la representación política de mujeres se mantiene baja. Una mirada longitudinal a los números nos muestra, por otra parte, que si bien hubo un crecimiento continuo, el índice de crecimiento entre una elección y otra ha sido mínimo, con algunos momentos de estancamiento, lo que contrasta notablemente con el progreso experimentado a nivel de las Américas. De acuerdo con datos de la UIP, en 25 años ha tenido un aumento de mujeres en los parlamentos a un ritmo acelerado, más que el de ninguna región en el mundo. La adopción de mecanismos efectivos y leyes de paridad (actualmente por 8 países) explican este avance que sitúa a la región por encima del promedio mundial (de 25% frente al 31% de las Américas).

 

*Carmen Echauri es socióloga con especializaciones en Derechos Humanos.  Ha trabajado en temas de democracia y género, y participación política de las mujeres desde diferentes organismos de cooperación internacional de la ONU, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) y otros organismos internacionales, así como desde organizaciones nacionales de Paraguay como el Centro de Documentación y Estudios (CDE), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), entre otros. Actualmente se desempeña como oficial de programa de la organización IDEA Internacional, en el área de participación y representación política.

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