El último proceso electoral del Perú será siempre recordado: no sólo por lo ajustado de los resultados finales sino –fundamentalmente– por haber escindido mucho más a un país fuertemente afectado por el racismo y el clasismo, por haber mostrado esas taras sociales profundas y coloniales que –200 años después de la “independencia”– se encuentran en nuestros imaginarios guiando no sólo el voto, sino también las narrativas de una parte importante de la población, que ha demostrado tener la capacidad de justificar prácticas corruptas y nocivas si se trata de bloquear, impedir y silenciar a esos otros/as que considera una amenaza.

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La ex candidata Keiko Fujimori, sus tradicionales y nuevos aliados, dejaron claro en la pasada campaña presidencial que su actitud y “principios” democráticos son relativos, se mantienen siempre y cuando no se afecte el modelo social y económico que ideológicamente protegen. Mientras el poder siga concentrado en la elite “blanca”, “bien hablada”, “ilustrada”, todo estará “en calma”. Entonces, la “democracia” que defienden es aquella que les permita seguir concentrando –sin cuestionamientos– el poder real y simbólico; lo contrario es visto como una amenaza y, para combatir dicho riesgo, se desplegaron estrategias bastante perversas. Hasta la fecha, estos sectores claman por la vacancia o un golpe de Estado. 

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La hoy ex candidata se dedicó a promover un escenario de mayor polarización y violencia mediante las acusaciones de fraude, debilitando así a las instituciones electorales, deslegitimando un proceso transparente y advirtiendo, una vez más, un clima de ingobernabilidad para los próximos años.

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Pero además se desplegó una estrategia comunicacional y política orientada a exacerbar miedos y odios raciales; profundizándose una tara social que, asociada al clasismo, resulta en una mezcla peligrosa que puede explotar en cualquier momento.  

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Citando las palabras de Nelson Manrique, “arrastramos una fractura colonial no resuelta, por lo que construir solidaridad social es una tarea difícil” (2002: 60)[1]. Esto ha quedado explícito en el pasado proceso electoral, así como en el actual contexto, en donde la gobernabilidad parece imposible, con una oposición que busca la vacancia y se incomoda frente a un representante del gobierno que inicia su discurso hablando en quechua, uno de los idiomas ancestrales de nuestro país. 

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El Presidente del Bicentenario

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No cabe duda que el 28 de julio el Perú vivió un momento histórico: juramentó como presidente Pedro Castillo Terrones, un líder del Perú profundo, un profesor de escuela, hombre andino y rural. Que esta sea la figura del Bicentenario, tras un proceso plagado de racismo, clasismo y actitudes antidemocráticas, es simbólico y significativo. 

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Lamentablemente, el actual presidente ha iniciado el gobierno tomando decisiones cuestionables y que han preocupado a gran parte de la población, incluso a los sectores que decidieron darle el voto. La designación de Gino Bellido como Premier no sólo ha sido el primer gran error político del actual presidente, sino a la vez una decisión irresponsable con la gobernabilidad democrática, la paz, la igualdad y los derechos humanos. Es alarmante que el Primer Ministro no sea una persona con comprobada legitimidad y ética democrática. Un personaje con serios cuestionamientos, con una investigación en curso por apología al terrorismo, que ha promovido la discriminación hacia las mujeres y la población LGBTI, celebrado al patriarcado con total desparpajo de forma pública, no debe estar en el Estado, mucho menos ser la mano derecha del presidente en la conducción del gobierno.

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Además, el actual Gabinete solo cuenta con dos mujeres, lo que representa un grave retroceso en materia de paridad. 

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Más allá de las posturas políticas, de la brutal polarización que aún vivimos y la violencia racial que subyace en muchas resistencias al actual gobierno, no se puede dejar de criticar aquello que evidentemente está mal, resquebraja la confianza y genera mayor incertidumbre.

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Tampoco puede dejar de evidenciarse que hay otros ministros con serios cuestionamientos, lo cual agrava el escenario: el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, fue denunciado en el 2011 por violencia física y psicológica contra su ex conviviente; así como el titular del Ministerio del Ambiente, en el 2019, fue denunciado por violencia psicológica y hostigamiento. 

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Sin embargo, no todo es gris. El Gabinete también ha sido integrado por profesionales con una amplia legitimidad, comprobada actitud democrática y ética como la titular del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, el titular del Ministerio de Economía Pedro Francke y el Ministro de Justicia Aníbal Torres.  Personas que han sentado una posición clara de rechazo frontal a los autoritarismos, defensa de la democracia, el estado de derecho, la igualdad y los derechos humanos. Esto se ve reflejado no sólo en su trayectoria profesional y política sino además en sus juramentos y discursos que han devuelto – de alguna manera – la esperanza a muchos/as, al afirmar su compromiso con la igualdad y la democracia.

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Diversos sectores, incluso aquellos que le dieron un voto crítico al actual presidente-  solicitaron se cambie el Premier y se reconstituya el Gabinete (sin olvidar la paridad) y manteniendo a las personas probas en sus mismas carteras; pero dichas voces no fueron escuchadas. Tras varias semanas de tensión – finalmente- el Congreso le otorgó, el 27 de agosto, el voto de confianza[2], tras una ajustada votación y una oposición que no ocultó el deseo de avanzar hacia la censura de todos los ministros y la vacancia presidencial. Es decir, en un escenario tan complejo, la sostenibilidad del mandato presidencial no está garantizada.