La legalización del aborto en Argentina

En vísperas de cumplirse tres años de la sanción de la ley 27610 de Interrupción Voluntaria y Legal del embarazo y Atención post Aborto y de la implementación de la política de acceso al aborto derivada de la sanción de la Ley 27610, escribir estas notas es una celebración. Es útil y necesario reflexionar una y otra vez sobre cómo llegamos hasta ahí y sobre cómo la experiencia de la Argentina, así como las otras experiencias vividas en la región en lo que va de este siglo, pueden aportar para seguir adelante, defender lo conquistado, fortalecer los logros y seguir abogando por el cumplimiento de los marcos regulatorios que tenemos, así como por los cambios que queremos promover para tener leyes más justas.

En diciembre de 2020, el Congreso argentino aprobó la ley 27610 que estableció principios y normas para el acceso al aborto y sustituyó el antiguo sistema de indicaciones del Código Penal de 1921 por un sistema mixto que, por un lado, reconoce el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 incluyendo la etapa de gestación, y por otro, también reconoce el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo por las mismas indicaciones que las estipuladas en el Código Penal argentino de principios del siglo XX. Su aplicación es obligatoria en todo el país. La Ley también establece la gratuidad del aborto en todos los establecimientos de salud tanto públicos como privados, así como las condiciones y obligaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia , y las condiciones y garantías para el consentimiento informado de niñas y adolescentes y de personas con discapacidad.

Pero el proceso de legalización del aborto comenzó mucho antes que el debate de diciembre de 2020 en el que se sancionó la Ley. En ese proceso se conjugaron estrategias de incidencia, movilización social, producción de información, cabildeo, ampliación de vocerías, construcción de alianzas y acuerdos políticos y cambios culturales inéditos.

Quiero resaltar algunos actores políticos, rasgos distintivos e hitos de ese proceso. En primer lugar, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres y su lucha histórica por la despenalización y legalización del aborto, con dos hitos institucionales y organizativos de enorme envergadura. En el año 2005, la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que realizó ocho presentaciones del proyecto de ley en el Congreso desde el año 2007; y más adelante, en el año 2015, el movimiento Ni Una Menos, como un movimiento social, popular e intergeneracional contra los femicidios, que irrumpe en la escena política y mediática también con la bandera del aborto.

Como telón de fondo y en un proceso acumulativo desde muchos años atrás, los Encuentros Nacionales de Mujeres, realizados cada año desde la recuperación de la democracia en 1986, fueron una usina y una inspiración para construir un movimiento de mujeres y feminista de carácter federal en el que se fueron congregando grupos de diversos perfiles y se fue configurando un actor colectivo con agencia política para generar cambios y para el cual la legalización del aborto fue una bandera año tras año. Dentro de este movimiento, es justo reconocer los aportes de las pioneras en las líneas de asistencia telefónica como las Lesbianas y Feministas desde la primera década de este siglo, y más recientemente, las redes de apoyo de mujeres como las Socorristas que contribuyeron a la despenalización social del aborto quienes no sólo ampliaron el acceso al aborto seguro, sino que también contribuyeron a la construcción de una agenda pública basada en las necesidades, los deseos y las perspectivas de las adolescentes, mujeres y personas con posibilidad de gestar.

Otro elemento clave del proceso fue la política pública de acceso al aborto que se desarrolló antes de la legalización. Esta política se centró en la elaboración e implementación de protocolos de atención del aborto como herramientas de política sanitaria. Basada en el aprovechamiento al máximo posible de las oportunidades que la regulación normativa habilitaba en la Argentina a través de un régimen de causales (violación, riesgo para la vida y para la salud de la persona embarazada) esta estrategia contribuyó a crear capacidad de respuesta de los servicios de salud y a legitimar y exigir la responsabilidad del Estado en el acceso al aborto. El inteligente uso que se hizo de la causal salud incluida en el Código Penal como estrategia para ampliar el acceso siguió en la Argentina un camino similar al de otros países en la región latinoamericana. Adicionalmente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el asunto F. A. L. en el año 2012 por el cual se definió con claridad el alcance de la causal violación y se instruyó a los gobiernos nacional y provincial sobre los estándares de calidad, fue un hito clave vista la importancia jurídica y simbólica que ese fallo de la Corte Suprema tuvo en esa etapa para fortalecer la política pública de acceso al aborto.

¿Por qué la política pública de acceso al aborto fue importante para el proceso de legalización? Primero, porque los sucesivos protocolos de atención fueron ampliando -en sus diferentes versiones, en distintos años- las fronteras del acceso al aborto dentro de los parámetros que el marco normativo vigente planteaba. Así fue como se migró de los “abortos no punibles” a la “atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, cambios discursivos y prácticos que fueron posibles dentro de los parámetros del régimen de causales. Los protocolos fueron modificando su conceptualización y esos cambios no solo impactaron en la ampliación del acceso al aborto sino que tuvieron un efecto político y simbólico en los servicios y en la población, efectos que construyeron viabilidad para la legalización.

Es destacable que el escenario de legalización se nutriera de la confluencia de las agendas de aborto y sobre la violencia contra las mujeres como nunca antes había sucedido en la Argentina. Las marchas y concentraciones masivas en la calle alrededor de estos temas, dieron fuerza al reclamo ciudadano a las dos cámaras del Congreso. La vinculación de la violencia contra las mujeres y el derecho al aborto jugó un rol simbólico importante y contribuyó -discursiva y políticamente- a fortalecer al movimiento de mujeres y al feminismo nucleando sectores que militaban en sintonía pero separadamente. Como es sabido, el país tiene una tradición de movilización callejera, y el movimiento ocupó las calles y dio muestras de la fuerza que tenía, en número y en persistencia. Las emocionantes vigilias nocturnas hasta que se conocieron los resultados de la votación -tanto en el 2018 como en el 2020- mostraron esa presencia expectante y ruidosa de adolescentes y mujeres que querían hacer notar al Congreso que la legalización del aborto era una deuda de la democracia.

La producción de evidencia, por su parte, fue clave. La academia en la Argentina ha sido prolífica en la producción de información, argumentos y conocimientos -sociológicos, jurídicos, de salud pública- para enriquecer el debate público y el del Congreso. El país tiene una tradición de producción académica en el campo de los derechos sexuales y derechos reproductivos caracterizada por su mirada estratégica acerca del rol que cumple en el cambio social y esto se hizo notar en este proceso.

Sumado a esto, la construcción de redes profesionales como REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir permitió no sólo cobijar en espacios protegidos a muchos equipos de salud interesados y comprometidos con el acceso al aborto, sino que tradujo ese compromiso en expresión pública del colectivo profesional en apoyo a la legalización., Por su parte, la masa crítica de periodistas con formación en género y comprometidas con la causa, jugó un papel importante informando, sensibilizando y creando opinión pública, así como el involucramiento de las organizaciones de derechos humanos y de líderes de opinión contribuyeron a crear un marco de rumbos compartidos en la agenda que movilizó a la sociedad y la política.

En este proceso, el aborto se convirtió en el tema de las conversaciones de la sociedad, un tema en las mesas de las cenas familiares, en las aulas de las escuelas, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Esas múltiples conversaciones pusieron luz al problema del aborto y a la demanda de las mujeres y ayudaron a despenalizar socialmente el aborto y, con ello, a crear plataforma social y cultural para empujar y nutrir las decisiones políticas. El debate central se dio alrededor del reconocimiento de la agencia moral de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas. Y esa agencia moral fue reconocida.

Otros elementos fueron importantes para abrir las puertas del Congreso. Por un lado, el hecho de que el aborto se convirtió en un tema transversal a las identidades político-partidarias y, por el otro, en una causa de alto rendimiento político: se pasó de una situación en la que los líderes políticos guardaban silencio y se sentían incómodos hablando del aborto a un escenario en el que el precio que pagaban por no hablar del aborto era alto. Y ese fue un cambio importante, un punto de inflexión.

En este escenario, en el año 2018 hubo un hecho inesperado: la decisión del Presidente Macri de habilitar el debate en el Congreso. El debate que se suscitó marcó un hito para la democracia en Argentina. Nunca se habían realizado tantas audiencias públicas para un proyecto de ley -de ningún tema-: tres meses de audiencias públicas en la Cámara de Diputados y un mes en el Senado, con un total de 738 expositores con argumentos y pruebas, tanto a favor como en contra de la legalización. En el YouTube oficial de ambas Cámaras se contabilizaron más de 2 millones de visualizaciones del debate y entre junio y agosto de 2018 se publicaron 3.230 artículos sobre aborto en los principales medios gráficos del país y las provincias, un volumen inédito en la historia de la agenda mediática. La Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado.

El proyecto de ley volvió al Congreso en 2020 por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Muchas cosas siguieron igual: el activismo de la marea verde; el apoyo de legisladores de casi todos los partidos políticos; las alianzas entre legisladores de distintos partidos políticos -los conocidos 'Sororas'-; los periodistas con argumentos más elaborados, y la presencia de funcionarios del gobierno anterior y del gobierno en ejercicio durante las audiencias públicas para argumentar a favor de la legalización del aborto. Algunas otras cosas cambiaron: se contaba con la experiencia de 2018, los nuevos legisladores asumidos luego de las elecciones nacionales del año 2019 llegaron con la huella del debate anterior, y el Poder Ejecutivo Nacional estuvo muy activamente comprometido. La estrategia argumentativa cambió y se centró en la idea de que el aborto es un tema de salud pública y una deuda de la democracia. La Argentina había hecho grandes avances en el reconocimiento de derechos, la Ley de matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, y el derecho al aborto no podía quedar afuera de esta “avalancha” de reconocimiento de derechos. La ley fue finalmente aprobada por ambas Cámaras y el 30 de diciembre del año 2020, en medio de la pandemia por COVID19, el aborto se hizo legal en la Argentina.

La política de acceso al aborto lleva tres años de implementación en cumplimiento de la Ley 27.610. En estos años se ha ejercido la rectoría desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, se han asegurado los insumos distribuyéndolos a todas las provincias del país, se duplicaron los servicios de salud públicos que hacen abortos, se ha introducido el régimen de misoprostol y mifepristona, tres laboratorios públicos producen misoprostol y uno de ellos mifepristona. Las muertes maternas por aborto se redujeron de 13 a 9, se han capacitado equipos de salud en forma virtual y presencial, se ha actualizado en dos oportunidades el protocolo nacional en consonancia con las recomendaciones de la OMS, entre otros indicadores positivos de una política cuya curva de aprendizaje muestra signos de avances importantes.

Sin duda, las dificultades para la implementación plena de la política existen, las desigualdades en el acceso también, y la calidad de la atención muestra deficiencias a corregir. Todos y todas sabemos -por experiencias propias y ajenas- que, en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y en particular en el campo del aborto, las conquistas necesitan sostenerse permanentemente. Los retrocesos acechan, pues estos derechos no sólo son parte de la agenda política de grupos conservadores y de sectores políticos de la nueva derecha global que han cobrado relieve en la región, sino que son moneda corriente de las negociaciones políticas.

En vísperas de elecciones nacionales en la Argentina, el desafío de sostener el tema en la agenda y de fortalecer la política pública es un imperativo para quienes en su momento apoyaron el proceso de legalización del aborto en la Argentina.

Ni un paso atrás. La marea verde continúa…