Los peligros de ser niña en Paraguay
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NO ESTAR EN LA AGENDA
A las 6 niñas menores de 12 años muertas por violencia machista en lo que va del año, se
suman las muertes por balas del Estado de dos niñas de 11 años en los montes del norte.
Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba fueron asesinadas por policías y militares
de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), y el gobierno se justifica diciendo que “eran guerrilleras”.
Fátima E. Rodríguez
El miércoles 2 de setiembre, el Presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, desde un
campamento, anunció: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de
un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial
herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra
este grupo criminal”.
El “EPP” es el nombre que se da el “Ejército del Pueblo Paraguayo”, un grupo armado no
estatal que desde hace 20 años opera en el norte del país, cerca de la frontera con Brasil.
Pasaron las horas y las autoridades no podían identificar a las “supuestas integrantes”. En
principio corrieron rumores de que se trataba de Magna Meza y Liliana Villalba, las dos
mujeres integrantes que asumen, en ocasiones, las vocerías del grupo armado. Pero con el
correr de los días y tras las filtraciones de varias fotografías por redes sociales se confirmó
que no eran ni Magna ni Liliana: eran niñas. Las autoridades dijeron que no estaban
logrando identificarlas -aunque continuaron llamándolas “las mujeres”- porque sus huellas
digitales no se encontraban en los registros nacionales, pero que por su contextura física
tendrían entre 16 a 18 años o más, y que por el protocolo del COVID-19 debían enterrar
sus cuerpos y quemar sus ropas.
El viernes 4 de setiembre, dos días después del anuncio presidencial, una tía de las niñas
escribió en las redes sociales que se trataba de sus sobrinas, hijas de sus hermanos
“guerrilleros”. Eran niñas. Y estaban registradas como argentinas. Según los documentos,
Lilian Mariana Villalba nació el 29 de octubre del 2008 y María Carmen Villalba el 5 de
febrero del 2009.
Todo el aparato del Estado, en vez de utilizarse para reconocer que había sido un error
celebrar y anunciar como un éxito la muerte de dos niñas, fue empleado para colocar en la
opinión pública la certeza de que se trataba de “guerrilleras entrenadas”. Pero cuando el
periodismo descubrió que no se trataba de “mujeres”, como habían anunciado e insistido
en todo momento desde el gobierno, y un periódico incluso publicó que las niñas
enterradas sin identificación tenían menos de 12 años, la duda sobre el procedimiento
comenzó a crecer. Además, desde el gobierno no mostraron a ningún oficial herido y
tardaron dos días en presentar las “evidencias”. Esas supuestas pruebas eran armas,
cargadores de armas, balas que no coincidían mucho entre sí, dinero en dólares, un
cuaderno de “Soy Luna” y fotocopias de libros de un francotirador, entre otros numerosas
objetos supuestamente encontrados en el campamento.
Andrei Serbin Pont, analista internacional argentino experto en armas y equipamiento,
escribió en el Twitter: “Niñas muertas, uniformes limpios y armas obsoletas. Los
paraguayos se mandaron una terrible cagada y ni siquiera lo saben encubrir ‘bien’”.
La condena de muerte
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“Ver que matan impunemente a dos niñas y lo justifican desde el gobierno con que ‘eran
hijos de’, me conmovió y me indignó. Porque esto de matar a los hijos de los enemigos o
los insurgentes, ni en la Argentina se había dado con los 30 mil desaparecidos. A los hijos
de los guerrilleros los criaban, los expropiaban, pero aquí directamente los matan”, dice
Diana Bañuelos. El día sábado 5 de octubre un grupo de personas protestó frente al
Panteón de los Héroes, un lugar histórico, ubicado en el microcentro de la capital
paraguaya, en el que las organizaciones sociales realizan sus protestas. Diana Bañuelos, con
sus 65 años, estuvo ahí. “Estábamos en cuarentena, no había estado participando de
reuniones ni manifestaciones, pero esto ya era el colmo”, dice. Ella fue perseguida durante
la dictadura de Alfredo Stroessner. Su primer exilio fue a los 18 años en la Embajada de
Venezuela y, cuando volvió, fue presa muchas veces. Ahora, con el caso de las niñas, le
aterraba la idea del regreso autoritario con ejecuciones por parte de las fuerzas públicas. Lo
que no sabía era que días después sería llamada por el Ministerio Público a declarar por qué
había estado protestando.
La fiscalía -que no había investigado quién asesinó a las niñas Lilian Mariana y María del
Carmen- fue muy eficiente para identificar a las personas que habían estado en el Panteón
de los Héroes. Designó dos fiscales para imputar a los participantes de la protesta. La
excusa perfecta fue que una de las asistentes intentó quemar una tela de decoración del
Panteón que tenía los colores de la bandera paraguaya y escribió en la pared. “En los días
posteriores vivimos una situación de incertidumbre, porque fui llamada a una indagatoria y
ya antes los fiscales habían anunciado que nos imputarían a mí y al escritor Miguel Ángel
Fernández, además de a otras chicas que habían aparecido en los vídeos”, dijo Diana
Bañuelos.
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Mario Abdo es hijo del ex secretario del dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-
1989). “De hecho, en la época de Stroessner, ¿cuántas niñas fueron traídas al local del
Barrio Sajonia para ser vejadas por el dictador y sus secuaces? Sabemos que cuando hay una
cabeza que es un pervertido machista, se reproduce en la sociedad. ¿A cuántas niñas
campesinas e indígenas dañó el dictador?”, preguntó Diana el día de la protesta. Con los
últimos debates en torno a la exhumación y posible repatriación de los restos del dictador
que murió en el Brasil, surgieron más testimonios sobre su pedofilia.
Las niñas no son tema de agenda pública
El Estado paraguayo no pudo proteger a las niñas. No sólo trató de justificar su ejecución
diciendo que hubo enfrentamiento sino que, en los días posteriores, varios de sus
representantes intentaron en los medios degradar su memoria e instalar una telenovela en
torno a sus padres. “Dentro del chaleco táctico de una de las abatidas se encuentran una
fotografía de ella y una carta. Yo, que soy padre de familia, es como un diario que estaba
teniendo, era como una bitácora y en esa bitácora ella dice vine con tantas ilusiones para
estar con mi papá y al venir al encontrarme con mi papá vengo a encontrar que él ya tiene
otra mujer (…) ella dice, desearía no haber nacido para no estar pasando por lo que estoy
pasando. Ella estaba en una situación, psicológicamente estaba destrozada, yo cuando leí
esa carta, lo primero que recordé es que tengo una hija, y me pongo en el lugar donde a esa
niña la traen, para estar en un campamento, para que pueda estar rodeada de armas, y
sabiendo que en cualquier momento podría perder la vida”, dice en un programa de
televisión Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional.
Héctor Grau, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), utilizó fotografías de niñas de
Colombia como si fueran de Paraguay en las redes sociales. Y en una conferencia, sugirió
que la Argentina era “una guardería de guerrilleros”. El caso se convirtió a los pocos días
en una guerra de comunicados: Cancillería Argentina demandó aclaración, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos condenó el hecho y pidió protección desde los
Estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay respondió todas las notas en
tono belicoso y hasta trató de “irresponsable” a la relatora de la ONU. El presidente Abdo
vistió de verde militar los días siguientes en señal de apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta,
cuyo presupuesto se estaba estudiando en el congreso cuando fue secuestrado el ex
vicepresidente, Oscar Denis, y su colaborador indígena.
Mantener en la agenda pública la importancia de la vida de dos niñas de once años, aunque
sus padres sean delincuentes o guerrilleros, es un desafío que puede costar persecuciones
judiciales. Han pasado semanas y el tema quedó sólo en las redes sociales; la fiscalía imputó
a personas que se manifestaron, la cancillería abrió frentes de debates y Mario Abdo, en la
Asamblea de la ONU, repudió al “EPP por usar a niñas de escudo”, reconociendo así que
su gobierno no garantiza el monopolio de la violencia legítima. De a poco, el tema pasó a
segundo plano.
¿Cuánto vale la vida de las niñas en un país donde los políticos se declaran “provida” con
frecuencia? Cada año, en Paraguay, una media de 650 niñas se convierten en madres entre
los 10 y los 14 años. Según el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de
Documentación y Estudios, algunas mueren durante el parto.
De enero a abril, entre dos y tres niños fueron abusados por día, según dio a conocer el
Ministerio Público. Además, a los numerosos casos de suicidio infantil que van apareciendo,
se suman este año 6 casos de niñas que fueron asesinadas por violencia machista, de las
cuales cinco fueron abusadas sexualmente y murieron a consecuencia de los abusos.
