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Mujeres desaparecidas en Perú
Búscalas
La grave problemática de las mujeres desaparecidas es una emergencia previa a la llegada de la pandemia, que profundizó drásticamente la situación de vulnerabilidad de las mujeres: el número de casos de violencia, los feminicidios y las mujeres desaparecidas creció exponencialmente.
Susan Espinoza López
Entre enero y setiembre del 2020, la Defensoría de Pueblo de Perú registró 4.052
casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas: 1.158 casos
corresponden a mujeres adultas y 2.894 a niñas y adolescentes. Es decir, cada día
se denuncian 15 casos de desapariciones de mujeres y más de la mitad se trata
de menores de edad.
La desaparición de mujeres es parte de la dinámica de otras formas de violencia
hacia la mujer. Según la Organización de Estados Americanos la desaparición de
mujeres y niñas “llevada a cabo por particulares constituye una forma de violencia
autónoma que tiene como consecuencia la vulneración de derechos como la vida,
integridad física, psíquica, la libertad, derecho a una vida libre de violencia y el
derecho a la igualdad”. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de
la Convención de Belém do Pará (Comité Mesecvi) define esta problemática
como “la privación de libertad de una mujer o niña, o un grupo de mujeres y/o
niñas, cometida por uno o varios particulares en razón de su género y cuya
finalidad puede conllevar actos de violencia sexual, trata de personas o feminicidio
y tortura”. Además, ser indígena, afrodescendiente o migrante; vivir con
discapacidades u otros factores como la orientación sexual y la identidad de
género suelen profundizar las situaciones de vulnerabilidad.
Para la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, la
desaparición de mujeres debe ser prevenida, erradicada y sancionada de manera
transversal: “El Estado peruano debe proteger de manera integral los derechos y la
vida de las niñas y mujeres que son víctimas de desaparición, implementando
medidas que aseguren una búsqueda efectiva y una investigación diligente para
evitar la impunidad y sancionar a los responsables”.
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¿Quién las busca?
En el Perú no existen registros oficiales desagregados y completos que den cuenta
de estas desapariciones, ni investigaciones claras con perspectiva de género e
interseccionalidad que permita su análisis. Familiares, activistas y organizaciones
de mujeres y feministas son quienes buscan a diario a todas las desaparecidas,
pese a los diversos obstáculos, y se enfrentan a un Estado que revictimiza, a
instituciones que actúan sin la debida diligencia y a funcionarios públicos que
trabajan anclados a estereotipos de género que entorpecen la búsqueda de miles
de mujeres.
Esto solo demuestra la gravedad del problema y la urgente necesidad de
implementar políticas públicas en torno a un Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas. “El Registro Nacional de Información de Personas
Desaparecidas lleva esperando más de 17 años, tras la promulgación de la Ley
28.022, negándose así el reconocimiento de esta problemática”, dijo Katherine
Soto, fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú.
El 11 de agosto, durante su presentación ante el Congreso de la República, el
presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció la creación del
Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, del Portal de
Personas Desaparecidas, así como la habilitación de la Línea 114 de atención a
casos de personas desaparecidas en un máximo de cuarenta días hábiles; el
plazo venció.
Cada vez hay más mujeres desaparecidas y su búsqueda necesita de un actuar
de modo eficaz y con la diligencia que garantice la apertura inmediata de una
investigación cuando se presentan denuncias por desapariciones de mujeres y
niñas.
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