Las crueles facetas del derrame de petróleo en la vida de las mujeres de comunidades de pesca artesanal de Pernambuco
A más de 70 días del crimen socio-ambiental que afectó todos los estados del nordeste brasileño, pescadoras y marisqueras viven en situación de emergencia y de calamidad pública. Mientras tanto, en un juego de repartir culpas entre los gobiernos estadual y federal, se reafirman las dimensiones del racismo ambiental, institucional y patriarcal de la política brasileña.
Fran Ribeiro
“Las pescadoras son las más afectadas y continúan aún en el agua empetrolada. Ahí mismo (Sirinhaém) hay muchas pescadoras que continúan yendo a recoger marisco, y cuando llegan, están todas manchadas de petróleo. Solo que ellas no están recogiendo para vender, sino para comer. El gobierno también tiene que pensar en la salud. Porque nosotros allá pasando hambre estamos poniendo nuestra salúd en riesgo y no se hace nada. Nadie atiende la pesca artesanal, ni el gobierno federal ni el estadual. Si el petróleo afectó el turismo, que los medios sólo hablan del turismo, el turismo… pero la pesca fue la más impactada, el pescador es el más impactado. Por eso que estamos aquí, reclamando una audiencia pública sobre la pesca artesana,l para tratar estas problemáticas desde la base.” [1]
Ese fue el reclamo hecho por Arlene Maria da Costa, pescadora y presidente de la colonia Z6 de Barra de Sirinhaém en el litoral sur de Pernambuco, durante la 12ª reunión Ordinaria de la comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Asamblea Legislativa de Pernambuco (ALEPE). Arlene y millares de mujeres, hombres y niños están en situación de desnutrición, de inseguridad alimentaria y de exposición a los efectos nocivos de las sustancias que vinieron con el petróleo crudo derramado en el mar y cambió drásticamente la cultura pesquera tradicional en el litoral nordeste de Brasil, un crimen socioambiental que está próximo a cumplir tres meses sin ningún tipo de resolución de los poderes públicos estaduales y federales.
El testimonio de Arlene cuestiona los motivos de la invisibilización de los impactos en las vidas de los pescadores y pescadoras. Hasta el momento, tanto los grandes medios como los poderes públicos sólo han tratado la cuestión a partir de los impactos causados en el turismo. La pescadora integraba una comisión formada por pescadoras y pescadores ligados a la Articulación Nacional de Pescadoras (ANP) del Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales (MPP) y con el apoyo del Consejo Pastoral de Pescadores (CPP), que se dirigieron hasta la CDH a exigir la realización de una audiencia pública en la Asamblea, con el objetivo de denunciar la situación de emergencia que las comunidades pesqueras y costeras han enfrentado.
La audiencia es un instrumento de participación popular que el movimiento entiende como un instrumento de la lucha para colocar en un mismo espacio pescadoras y pescadores afectados junto a las autoridades competentes, para entender cuáles son los motivos por los que el gobierno de Pernambuco postergó el decreto de estado de calamidad pública para resolver los diferentes efectos asociados al crimen, que están siendo sentidos por las comunidades en esos territorios.
Racismo ambiental, inoperancia del poder público y falta de respeto con la pesca artesanal
En la reunión, con toda la burocracia prevista, tanto Arlene cuanto Omela Fortes, asesora jurídica de la CPP, enfatizaron la invisibilización de los impactos socioambientales en la vida de los trabajadoras y trabajadores de la pesca artesanal que, en su mayoría, son cuerpos negros en condición de desnutrición, de riesgos serios
de salud, sea por la exposición al alimento posiblemente contaminado, por el contacto directo con el petróleo o por la inseguridad laboral. Después de escuchar a la sociedad civil y de un cierto impasse y menosprecio con la situación por parte de uno de los diputados que componían la mesa de la CDH, el movimiento de pescadoras y pescadores salieron de la ALEPE con una reunión marcada con el secretario de medio ambiente de Pernambuco y con la audiencia pública agendada, pero sin ninguna garantía de una solución concreta por parte del ejecutivo o del legislativo.
El mismo día, la comisión de pescadoras y pescadores representantes de las comunidades del norte y sur de Pernambuco se encontraron con el secretario de medio ambiente, Jose Bertoti, en una reunión en la que hubo poco respeto hacia las demandas expresadas por las pescadoras y también pocas propuestas de solución. De acuerdo con las representantes del movimiento, la posición del gobierno de Pernambuco es que la situación ya fue remediada y que la responsabilidad es del gobierno Federal. Sin soluciones, el movimiento continúa desamparado.
El crimen ambiental en desarrollo por el derrame petrolero en el litoral nordeste ha afectado una extensión de 2.100 Km, 350 playas en 110 ciudades costeras y ha cambiado de forma drástica la vida de más de 150 mil trabajadoras y trabajadores que viven en pequeñas comunidades, que poseen una población mayoritariamente negra que sobrevive de la pesca artesanal. Esta población hace más de 70 días está lidiando con la omisión de los gobiernos, con la desinformación sobre los daños reales que el crimen está causando al ecosistema para sobrevivir e intentar salvar un territorio que está más allá de la visión explotadora del mercado.
La demanda por una audiencia pública se impulsa precisamente para hacer un contrapeso al discurso de los gobiernos y los grandes medios, que enfoca la protección del medio ambiente como un problema relacionado únicamente con la salvaguarda del turismo. Esta audiencia quiere evidenciar que quienes están siendo realmente afectados por este crimen son cuerpos y territorios que, sistémica e históricamente, son explotados por la lógica del capital. Una población entera está siendo arrojada a una condición de miseria mientras la letargia de los gobiernos estadual y federal no dan respuestas sobre los culpables del crimen.
Por ser el nordeste brasileño una cuna de insurgencia e resistencia popular contra la lógica dominante, la mitigación a través de acciones operativas que buscan reducir los impactos socio-ambientales revelan que el racismo en el país está lejos de acabar. De acuerdo con la evaluación realizada por Mércia Alves, militante de derechos humanos e educadora del SOS Corpo Instituto Feminista Por La Democracia, la inoperancia de los
poderes públicos evidencia la expresión del racismo ambiental estructural, que han gobernado la política brasileña históricamente.
“La omisión y la lentitud del gobierno federal es la expresión de este racismo estructural que se proyecta sobre los territorios pesqueros de forma perversa. Al no dar respuesta a las demandas e ignorar las denuncias de pescadoras y pescadores, sólo se acentúan aún más las precarias condiciones de vida de esta población negra costera que está a la deriva por la irresponsabilidad del Estado brasileño. Ese cuadro sólo acentúa el carácter racista y patriarcal de este Estado y, para nosotros, es necesario denunciar las violaciones y el racismo ambiental. Para nosotros las vidas negras importan”.
Apenas las grandes manchas de petróleo crudo llegaron a las playas, fueron las propias comunidades las que iniciaron el trabajo de gestión de crisis. Sin ningún tipo de material de seguridad o apoyo de organismos especializados, mujeres, hombres y niños sacaron a mano el petróleo que estaba manchando sus territorios, una acción que muestra cómo para esas poblaciones la relación con el territorio es sagrada y que la pesca artesanal, más que un medio de supervivencia, es una identidad y una forma de existencia. Y esa existencia que contradice la lógica explotadora está siendo cada vez más amenazada. Porque quien gana con el fin de la pesca artesanal en el país es la pesca industrial y los grandes emprendimientos turísticos y hoteleros. Señales de alerta están encendidos en las comunidades.
Los crueles impactos del crimen socio-ambiental en las mujeres
La inoperancia del ejecutivo y del legislativo tanto en el ámbito federal como en los distintos estados afectados ha sido la principal causa de protesta y padecimiento de las mujeres que están al frente de las comunidades afectadas y que asumieron todo el proceso de organización de las pescadoras y pescadores. Estos son impactos directos en el ecosistema y en la vida económica de las comunidades que, en su gran mayoría, son formadas por familias que tienen como principal fuente de ingreso el trabajo de pescadoras, marisqueras y artesanas, que sacan de la pesca artesanal su sustento.
Tanto en lugares donde el petróleo llegó devastando mangles y estuarios, como en Sirinhaém, como donde las manchas aún no han sido registradas. Por ejemplo, en Carne de Vaca la situación ha sido la misma: las pescadoras no están consiguiendo vender pescado. Es el caso de Gerusa Alexandre, pescadora y presidente de la Asociación de Pescadoras y Pescadores de Carne de Vaca, en el municipio de Goiana, en la región norte de Pernambuco. Hija de padres pescadores, Gerusa es una de tantas mujeres que es responsable por el sustento de su familia. Ella forma parte de la Articulación Nacional de Pescadoras (ANP).
“Con esa historia del petróleo hemos sufrido mucho, porque no llegó hasta nuestra playa, pero los impactos sí. Los medios fueron los primeros en decir que no era para el público comer de nuestro pescado, que todo estaba contaminado. Entonces nadie con sentido común sería capaz de comerse una cosa que dijeron que estaba contaminada, ni yo misma comería. Hoy la situación está empeorando porque nadie quiere comprar marisco. El área en la que trabajamos tiene mucho marisco, pescado, y los pescadores están sufriendo con todo eso. El petróleo no ha llegado, pero los impactos sí”, expresó.
Según Rosemere Nery, educadora de la Federación de Organismos Para La Asistencia Social y Educativa (FASE), los impactos económicos intensifican la precarización de la vida de las mujeres. “El impacto de esta tragedia ambiental en la vida de las mujeres pescadoras y marisqueras ha profundizado la precarización de sus vidas, pues los territorios pesqueros han sido invadidos por grandes proyectos de desarrollo que no respetan a los pueblos tradicionales y mucho menos el medio ambiente, por ejemplo, con el Complejo Industrial Puerto de Suape, que desalojó familias del territorio sin considerar que estas sacaban su sustento del ambiente donde vivían”, denunció la educadora.
La falta de información concreta crea también un abismo entre lo que es verdad y lo que no. Desde que las primeras manchas fueron registradas en el litoral el gobierno y los grandes medios divulgaron mucha información, pero no es confiable. Según Ornela Fontes, abogada de la CPP, el movimiento necesita del apoyo de las universidades y de investigadores para nutrir de información a los pescadores, de modo que puedan
fortalecer las denuncias en organismos internacionales, como la que se prepara para presentar ante el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, la FAO. El movimiento denunciará la situación de inseguridad alimentaria en las comunidades.
“En tanto CPP, hemos propuesto que la universidad, en el sentido de esos investigadores y profesores que siempre realizaron investigaciones junto a las comunidades pesqueras, de que ha llegado la hora de ellos apoyen esta lucha con estudios. Porque una de las grandes incógnitas y una de las grandes cuestiones que
existe en este crimen ambiental es justamente la falta de respuesta sobre la salubridad del agua, del pescado, la dimensión de los impactos económicos. Hemos planteado la importancia de ayudarnos con informaciones más precisas”, expresó.
Dentro de ese contexto, surge otro agravante. La solución propuesta por el gobierno federal, de adelantar el “seguro-defeso” (N.T.: el beneficio estatal destinado a los pescadores durante la temporada de reproducción de los peces) en las áreas afectadas no contemplará a las pescadoras y marisqueras, por ejemplo. Esto sucede porque la legislación protege solamente una modalidad de pesca: la realizada en alta mar para las especies de langosta y camarón. En este sentido, las pescadoras que trabajan en estuarios o las que recogen el marisco no tienen sus derechos garantizados una vez que su trabajo no es reconocido dentro de la legislación brasileña como modalidad de pesca. En Brasil sólo son reconocidos como pescadores aquellos que poseen el Registro General de Pesca (RGP), otra forma de burocratizar y criminalizar la pesca artesanal, ya que el propio gobierno ha dificultado el acceso de las pescadoras y pescadores tradicionales a ese registro, como explica Laurineide Maria de Santana, pescadora e integrante del Consejo Pastoral de Pescadores (CPP).
“Existe una deficiencia del Estado, del gobierno federal, que desde 2011, 2012, viene dificultando el acceso de los pescadores a ese registro, sea perdiendo documentos, creando trabas burocráticas, y con eso, empeora la situación de los pescadores. En el caso de las mujeres, eso se agrava porque no serán reconocidas como pescadoras, como trabajadoras de la pesca tradicional, porque el mundo de la pesca era considerado un mundo sólo de hombres. En una situación de emergencia como esta tienes, a nivel del Estado, un número muy pequeño de pescadores con número de RGP, con el carnet de pescador, y un número mucho más grande que no tiene ese registro”, explicó la pescadora.
Esa es una de las cuestiones que impulsa al movimiento a reivindicar la participación popular en el comité de crisis creado por el gobierno de Pernambuco. Garantizar la participación de pescadores y pescadoras en el comité amplía la posibilidad de una solución que de hecho contemple a las comunidades afectadas, a partir de los impactos diferenciales en cada localidad. Sin embargo, las escasas visitas que el gobierno federal estadual ha realizado no ha producido ninguna intervención rápida que solucione en el corto plazo los problemas que las pescadoras y pescadores han experimentado cotidianamente. Vale la pena resaltar que la propuesta presentada del pago del “seguro-defeso” por el gobierno federal, anunciado en octubre, más allá de no abarcar marisqueras y pescadoras de otras especies, aún no ha sido transferido.
Más allá de los impactos directos en la economía familiar, en la vida y en la cultura de la pesca artesanal, las pescadoras están arriesgan su salud cotidianamente. Esto pasa porque durante la actividad pesquera, las mujeres necesitan agacharse o sentarse en la arena o el mangle, lo que deja expuesto al aparato reproductor al contacto con el agua contaminada. “Nosotras nos sentamos en la playa para sacar el marisco. Quedamos en cuclillas, sentadas y expuestas en la arena, en el barro, ¿sabes? Entonces hay una mayor posibilidad de agarrar una contaminación, una enfermedad. Antes de toda esta situación, ya teníamos relatos de pescadoras que han agarrado enfermedades por causa del agua, porque sabemos que no está totalmente limpia. Y con ese petróleo sólo va a empeorar”, explica Gerusa Alexandre. Más allá del padecimiento físico, las líderes relatan procesos de padecimiento psicológico, particularmente de aquellas mujeres que lideran colonias y asociaciones de pescadores, que han enfrentado el desgaste y el cansancio en la lucha por los derechos frente a un contexto de total desamparo por parte del poder público. “Una sensación de desamparo y soledad”, lo frasea Laurineide.
El interés político detrás de la ausencia de un decreto de estado de emergencia
Frente a este crimen ambiental, la prioridad ha sido mantener ileso el turismo. Lanzado en julio por el gobierno federal, el programa Invierte turismo, una colaboración entre el ministerio del turismo, la Embratur y el servicio brasileño de apoyo a la micro y pequeña empresa (Sebrae), va a destinar para el Estado de Pernambuco un aporte federal de 2,3 millones de reales para incentivar el crecimiento del sector. En el caso de que fuese decretada la situación de calamidad pública, el mercadeo del turismo como un negocio rentable podría verse perjudicado. Para los y las líderes del movimiento, esto afecta directamente la ausencia de un decreto tanto del estado de emergencia como del de calamidad pública.
“Sabemos que el turismo aquí tiene un peso, más que un peso económico. El turismo mueve grandes estructuras políticas. El turismo en el Estado de Pernambuco mueve estructuras políticas. Existen grandes intereses tras de la ausencia de un decreto de Estado de emergencia o de estado de calamidad pública. Al mismo tiempo que el gobierno denuncia la ineficiencia en la acción del gobierno federal, ellos mismos no hacen nada para aliviar los impactos. Si uno de los argumentos principales es de que no hay recursos para compensar los daños de ese crimen ambiental mientras se resuelve y se encuentran los culpables, se debería decretar el estado de calamidad pública. Eso no es un invento, existe un daño a la salud, al medio ambiente y a la alimentación de las personas. Entonces, ¿qué están esperando? Ese decreto es aguantado porque impactaría directamente en el turismo y ellos no van a ser beneficiarios de la reparación social y ambiental que viene de ahí”, denunció la abogada de la CPP.
Hasta el momento ningún Estado del nordeste ha decretado estado de calamidad pública. Solamente el Estado de Bahía decretó estado de emergencia en los municipios afectados. En Pernambuco sólo la alcaldía de São José da Coroa Grande decretó estado de calamidad. Mientras el poder público juega con la burocracia en beneficio propio, las mujeres de las comunidades pesqueras costeras y quilombolas están al borde del hambre.