El aislamiento social como medida para prevenir el contagio del covid-19 empuja a mujeres, lesbianas y trans a una situación de precarización y desprotección aún más aguda. Si bien se activaron las redes feministas y las estrategias de cuidado y solidaridad, la sostenibilidad de nuestra vida se torna difícil entre la falta de ingresos, la frágil situación habitacional, el desborde de tareas de cuidado y las violencias múltiples. Algunas mujeres tienen que soportar el encierro con sus agresores en un contexto que acrecienta las situaciones de violencia. Hay una curva que no se aplana: el femicidio es el único delito que no descendió durante la cuarentena. En Argentina, de los 124 femicidios en lo que va de 2020, casi la mitad ocurrió durante las medidas de aislamiento¹.

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En este contexto, CISCSA impulsó una consulta para conocer los impactos de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en mujeres, lesbianas y trans de la provincia de Córdoba. Las respuestas recibidas fueron sistematizadas en el informe “Los efectos de la pandemia COVID-19: mucho más que un problema de salud. Primeras lecturas”. Una de las preocupaciones más mencionadas por las mujeres, lesbianas y trans consultadas fue garantizar la comida diaria: el 50% de las personas que respondieron la consulta vio reducidos sus ingresos o bien no tiene ningún ingreso desde que se implementaron las medidas de aislamiento. Algunas indicaron que, si bien no se encuentran desarrollando actividades exceptuadas por las medidas de aislamiento, salen a trabajar porque no cuentan con otras posibilidades para garantizar la comida diaria. Esta situación golpea fuertemente a quienes, a su vez, realizan tareas de cuidado. Expresaron estar desbordadas, sobre todo aquellas que no cuentan con ayuda de otras personas para enfrentar el cuidado de hijos e hijas, y de otras personas a su cargo.

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Otra de las preocupaciones mencionadas está relacionada a vivir situaciones de violencia en la calle o el barrio. Un 30% dijo haber vivido o saber de personas cercanas que han recibido malos tratos, abusos o detenciones arbitrarias por parte de la Policía de Córdoba. En el caso de particular de personas trans, travestis, lesbianas y no binaries, se manifestó especial preocupación por maltratos en el ámbito familiar, expulsión del hogar y situaciones de violencia urbana.

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Una gran cantidad de personas consultadas dijo estar preocupada por no poder ayudar a familiares y amigos que viven lejos. En este sentido, muchas personas plantearon preocupación por amigas, familiares o vecinas que se encuentran en vínculos violentos, pero que no los reconocen como tales. A su vez, hicieron referencia a estar atentas para contener y mantener lazos estrechos con otras mujeres. Si bien la amplia mayoría afirmó tener información sobre dónde solicitar ayuda frente a una situación de violencia, propia o ajena, las respuestas institucionales de los organismos dispuestos para atender estas situaciones se describieron como irregulares y escasas.

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“Entendemos que esta preocupación da cuenta de que la violencia contra las mujeres e identidades disidentes está instalada como problema social, no del ámbito privado. También que la casa ya no es vista como segura de por sí, entonces frente al mandato ‘Quedate en casa’, nos preguntamos qué pasa si en casa está el agresor. Se ha activado cierta sensibilidad social que está presente en las respuestas de las encuestadas; ellas expresaron tener información sobre adónde recurrir frente a estas situaciones. Aunque los servicios no funcionan como querríamos hay mucho más recurso social y comunitario, y eso es muy interesante”, observaron desde CISCSA. “Ahí donde el Estado no está llegando hay un serio problema, pero también hay un montón de organizaciones y redes de personas que están atentas e intentando acompañar a otras”.